La Nueva Ley de Salud Mental en Colombia: Avances y Cambios Clave

Introducción

En agosto de 2025, se oficializó la Ley 2460 de 2025, la cual se presenta como una reforma a la Ley 1616 de 2013, creada con el propósito de fortalecer el marco legal de la salud mental en Colombia. Esta nueva legislación busca ofrecer un enfoque más integral, territorial y preventivo, respondiendo a las limitaciones y retos que presentó la ley anterior.
Contexto y Necesidad de la Reforma

De acuerdo con el Colegio Colombiano de Seguridad (2025), el principal logro de la Ley 2460 es que redefine la salud mental como un derecho fundamental, implicando obligaciones claras para el Estado. Dado que, como señala la Fundación Fepropaz (2025), aunque la Ley 1616 de 2013 fue pionera al reconocer la salud mental como parte esencial de la salud integral, su implementación fue limitada debido a la falta de recursos, la falta de articulación institucional y la persistencia del estigma social.
Principales Avances de la Ley 2460 de 2025

  • Reconocimiento como derecho fundamental: Obliga al Estado a garantizar el acceso digno, oportuno y de calidad a todas las personas.
  • Creación de un Sistema Nacional de Salud Mental: Articulado intersectorialmente con financiación independiente.
  • Ampliación del acceso: Incluye atención directa por psicólogos, la pérdida de barreras por parte de las EPS para acceder a la atención.
  • Aplicación transversal: Involucra a autoridades en todos los niveles territoriales y sectores sociales, haciendo énfasis en la aplicación del enfoque biopsicosocial en la salud.
  • Protección de grupos prioritarios: Niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Enfoques y Principios

La ley incorpora enfoques de Derechos Humanos, género, diferencial, étnico, territorial, de curso de vida y biopsicosocial, orientando todas las acciones hacia la promoción del bienestar emocional, la prevención de trastornos y la atención integral.
Cambios Clave

Aspecto Ley 1616 de 2013 Ley 2460 de 2025
Naturaleza del derecho Reconoce la salud mental como parte de la salud integral. Eleva la salud mental a derecho garantizable, con obligaciones específicas del Estado y enfoque en APS y calidad de vida.
Ámbito de aplicación Enfocado principalmente al sector salud. Aplicación transversal a todo el SGSSS y autoridades nacionales, departamentales, distritales y municipales; articulación intersectorial.
Enfoques Enfoque general de salud. Derechos humanos, género, diferencial, étnico, territorial, curso de vida y biopsicosocial.
Catálogo de derechos Catálogo general. Amplía y explicita derechos (p. ej., formación en salud mental desde la infancia) y ordena su divulgación visible en IPS y canales virtuales.
Talento humano y perfiles Predominio clínico asistencial. Define “talento humano en salud” (psicología, psiquiatría, medicina, trabajo social, TO, etc.) y agentes comunitarios; impulsa equipos interdisciplinarios.
Acceso y barreras Acceso general; barreras persistentes en la práctica. Refuerza el acceso oportuno e integral (diagnóstico, tratamiento, rehabilitación) y prohíbe que la objeción de conciencia sea una barrera; exige rutas claras y divulgación.
Objeción de conciencia No está regulada de forma específica para la salud mental. Reconoce objeción de conciencia del talento humano, con salvaguardas: la IPS debe garantizar el servicio por otro profesional sin dilaciones.
Medidas en contextos de privación de libertad Lineamientos generales. Programas de atención en salud mental en INPEC/USPEC/SRPA; prohíbe aislar en UTE a personas en tratamiento.
Promoción y pedagogía pública Acciones generales. Estrategia nacional de pedagogía (RTVC y CRC) con advertencias en contenidos y rutas de atención; Observatorio publica informe anual.
Definiciones clave Menor desarrollo conceptual. Amplía definiciones: entorno protector, factores de riesgo, agentes comunitarios; perspectiva de determinantes sociales.
Participación comunitaria Menor énfasis. Fortalece el rol comunitario y la coordinación con autoridades locales para entornos protectores.
Financiación de estrategias Sin mecanismos operativos claros. Autoriza partidas presupuestales para campañas y acciones de promoción y prevención; impulsa sostenibilidad financiera.

¿Qué cambia en derechos, acceso y garantías?

  • Derechos reforzados y visibles: además de no discriminación y trato digno, se incorpora el derecho a la formación en salud mental desde la infancia y se exige que el catálogo de derechos esté publicado físicamente y en entornos virtuales de las IPS.
  • Acceso sin barreras: la objeción de conciencia del talento humano no puede obstaculizar la atención; la IPS debe reasignar a otro profesional idóneo y resolver con prioridad. Se fortalece la atención integral en promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
  • Cobertura efectiva en sistemas cerrados: en el sistema penitenciario y SRPA, se ordenan programas de atención y se prohíbe el aislamiento en UTE durante el tratamiento, avanzando en dignidad y continuidad del cuidado.
  • Promoción y alfabetización emocional: campaña nacional, continua y multicanal (medios públicos/privados, redes sociales, advertencias de contenidos) para reducir el estigma, mejorar las competencias socioemocionales y visibilizar las rutas.
  • Gobernanza y comunidad: reconoce agentes comunitarios y la necesidad de articulación territorial; el Observatorio debe emitir un informe anual para orientar decisiones.
  • Sostenibilidad: se habilitan recursos presupuestales dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo para implementar las acciones de promoción y prevención.

Alcance e Impacto Esperado

La Ley 2460 busca mejorar la salud mental de la población al asegurarse de que la atención en salud mental sea preventiva, comunitaria y cercana, reduciendo barreras de acceso y combatiendo el estigma. También obliga a instituciones educativas y penitenciarias a ofrecer programas de promoción, prevención y atención integral.
Conclusión

La promulgación de la Ley 2460 de 2025 representa un paso decisivo hacia la protección de la salud mental en Colombia, el reconocimiento de esta como un derecho fundamental permite que, en teoría, toda la población, sin importar su posición, pueda acceder a una salud mental integral, la cual tenga en cuenta las circunstancias de cada persona. Debido a esto, el éxito de la ley dependerá de la asignación efectiva de recursos, la capacitación de profesionales y la voluntad política para garantizar que los derechos que consagra se conviertan en realidades palpables.

Es importante resaltar que esta ley prestará ayudas, pero como sociedad debemos estar preparados para dejar de lado los sesgos hacia la salud mental y crear un cambio real a nivel social y cultural, por medio del cual realmente creemos cambios sostenibles a través del tiempo para prevenir dificultades y promover la salud mental a nivel general.

Referencias

 

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